{"id":2921,"date":"2018-10-18T22:00:00","date_gmt":"2018-10-18T22:00:00","guid":{"rendered":""},"modified":"-0001-11-30T00:00:00","modified_gmt":"-0001-11-29T23:00:00","slug":"abogados-especialistas-en-ciberseguridad","status":"publish","type":"publicacion","link":"https:\/\/belzuz.com\/en\/publicacion\/abogados-especialistas-en-ciberseguridad\/","title":{"rendered":"Nuevo r\u00e9gimen legal en materia de ciberseguridad"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">\n\tEl pasado viernes 7 de Septiembre de 2018 el Consejo de Ministros aprob&oacute; el Real Decreto-Ley 12\/2018 para la transposici&oacute;n de la Directiva europea<br \/>\n\tsobre ciberseguridad, conocida como Directiva NIS. En concreto, transpone al ordenamiento jur&iacute;dico espa&ntilde;ol la Directiva (UE) 2016\/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de Julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar<br \/>\n\tun elevado nivel com&uacute;n de seguridad de las redes y sistemas de informaci&oacute;n en la Uni&oacute;n Europea.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Analicemos m&aacute;s detenidamente este Real Decreto-Ley que lo que pretende es mejorar la eficiencia en la lucha contra los delitos que involucran a las redes y sistemas de informaci&oacute;n para reducir sus efectos en la seguridad p&uacute;blica y<br \/>\n\ten la seguridad nacional:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T&iacute;tulo I &ndash; Disposiciones Generales<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El objeto de este Real Decreto-Ley es regular la seguridad de las redes y sistemas de informaci&oacute;n utilizados para la provisi&oacute;n de los servicios esenciales y de los servicios digitales y establecer un sistema de notificaci&oacute;n de incidentes.<br \/>\n\t&iquest;Qu&eacute; sectores deben garantizar esa protecci&oacute;n de redes y de los sistemas de informaci&oacute;n?: 1) Servicios esenciales dependientes de las redes y sistemas de informaci&oacute;n comprendidos en los sectores estrat&eacute;gicos<br \/>\n\tdefinidos en el anexo de la Ley 8\/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protecci&oacute;n de las infraestructuras cr&iacute;ticas y 2) Servicios digitales que sean mercados en l&iacute;nea, motores de b&uacute;squeda en l&iacute;nea<br \/>\n\ty servicios de cloud computing.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Estos operadores se ver&aacute;n afectados por la nueva normativa, tanto si est&aacute;n establecidos en territorio espa&ntilde;ol como si est&aacute;n fuera de Espa&ntilde;a, mediante un representante nacional; y tanto los operadores de servicios esenciales<br \/>\n\tcomo los de servicios digitales deber&aacute;n adoptar las medidas pertinentes a nivel organizativo y t&eacute;cnico para prevenir situaciones de inseguridad en las redes y en los sistemas de informaci&oacute;n, ofrecer soluciones a los problemas de<br \/>\n\tseguridad, e informar de los incidentes de ciberseguridad como veremos a continuaci&oacute;n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">No obstante, es importante destacar que este Real Decreto-Ley no se aplicar&aacute; en los siguientes sectores: 1) a los operadores de redes y servicios de comunicaciones electr&oacute;nicas y los prestadores de servicios electr&oacute;nicos de confianza<br \/>\n\tque no est&eacute;n designados como operadores cr&iacute;ticos por la Ley 8\/2011 y 2) a los proveedores de servicios digitales clasificados como microempresas o peque&ntilde;as empresas, seg&uacute;n las definiciones previstas en la Recomendaci&oacute;n<br \/>\n\t2003\/361\/CE de la Comisi&oacute;n, de 6 de mayo de 2003, sobre la definici&oacute;n de microempresas, peque&ntilde;as y medianas empresas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T&iacute;tulo II &ndash; Servicios esenciales y servicios digitales<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En este t&iacute;tulo II se especifica que la identificaci&oacute;n de los servicios esenciales y de los operadores que los presten se efectuar&aacute; por los &oacute;rganos y procedimientos previstos por la Ley 8\/2011 y su normativa de desarrollo lo<br \/>\n\tque nos lleva a analizar qu&eacute; se considera infraestructura cr&iacute;tica y servicio esencial seg&uacute;n la misma. En este sentido, dicha Ley define como infraestructuras cr&iacute;ticas aquellas cuyo funcionamiento es indispensable y no permite<br \/>\n\tsoluciones alternativas, por lo que su perturbaci&oacute;n o destrucci&oacute;n tendr&iacute;a un grave impacto sobre los servicios esenciales. &Eacute;stos, a su vez, se definen como los servicios necesarios para el mantenimiento de las funciones sociales<br \/>\n\tb&aacute;sicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y econ&oacute;mico de los ciudadanos, o el eficaz funcionamiento de las Instituciones del Estado y las Administraciones P&uacute;blicas. Esta definici&oacute;n es la misma que la del Real Decreto-Ley<br \/>\n\t12\/2018, salvo que al final en este &uacute;ltimo se a&ntilde;ade: &ldquo;(&hellip;) que dependa para su provisi&oacute;n de redes y sistemas de informaci&oacute;n.&rdquo;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un operador de servicios esenciales lo ser&aacute; si un incidente sufrido por el operador puede llegar a tener efectos perturbadores significativos en la prestaci&oacute;n del servicio, determin&aacute;ndose esos efectos seg&uacute;n la importancia del<br \/>\n\tservicio prestado y seg&uacute;n los clientes de la entidad evaluada.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si se trata de un operador cr&iacute;tico designado en cumplimiento de la Ley 8\/2011, bastar&aacute; con que se constate su dependencia de las redes y sistemas de informaci&oacute;n para la provisi&oacute;n del servicio esencial de que se trate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T&iacute;tulo III &ndash; Marco estrat&eacute;gico e institucional<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El t&iacute;tulo III recoge el marco estrat&eacute;gico e institucional de la seguridad de las redes y sistemas de informaci&oacute;n que se ha descrito anteriormente. Se dedica un precepto espec&iacute;fico a la cooperaci&oacute;n entre autoridades p&uacute;blicas,<br \/>\n\tcomo pilar de un ejercicio adecuado de las diferentes competencias concurrentes sobre la materia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se prev&eacute; la utilizaci&oacute;n de una plataforma com&uacute;n para la notificaci&oacute;n de incidentes de seguridad. Esta plataforma com&uacute;n tiene como objetivo que los operadores no deban efectuar varias notificaciones en funci&oacute;n<br \/>\n\tde la autoridad a la que deban dirigirse. Dicha plataforma, podr&aacute; ser empleada tambi&eacute;n para la notificaci&oacute;n de vulneraciones de la seguridad de datos personales, seg&uacute;n el Reglamento (UE) 2016\/679 del Parlamento Europeo y del<br \/>\n\tConsejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protecci&oacute;n de las personas f&iacute;sicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y a la libre circulaci&oacute;n de estos datos, en lo que supone una aproximaci&oacute;n al concepto<br \/>\n\tde one-stop shop introducido por esta &uacute;ltima regulaci&oacute;n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T&iacute;tulo IV &ndash; Obligaciones de seguridad<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El t&iacute;tulo IV se ocupa de las obligaciones de seguridad de los operadores. De este modo, regula que los operadores de servicios esenciales y los proveedores de servicios digitales deber&aacute;n adoptar medidas adecuadas para gestionar los riesgos<br \/>\n\tque se planteen para la seguridad de las redes y sistemas de informaci&oacute;n que utilicen, aunque su gesti&oacute;n est&eacute; externalizada.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Las obligaciones de seguridad que asuman deber&aacute;n ser proporcionadas al nivel de riesgo que afronten y estar basadas en una evaluaci&oacute;n previa de los mismos (Risk Assessment). Obliga igualmente a designar un Responsable de Seguridad de la<br \/>\n\tInformaci&oacute;n como punto de contacto y de coordinaci&oacute;n t&eacute;cnica con la autoridad competente a la que se deber&aacute; comunicar igualmente ese nombramiento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Adem&aacute;s, los proveedores de servicios digitales determinar&aacute;n las medidas de seguridad que aplicar&aacute;n, teniendo en cuenta, como m&iacute;nimo, los avances t&eacute;cnicos y los siguientes aspectos: a) La seguridad de los sistemas e instalaciones;<br \/>\n\tb) La gesti&oacute;n de incidentes; c) La gesti&oacute;n de la continuidad de las actividades; d) La supervisi&oacute;n, auditor&iacute;as y pruebas y e) El cumplimiento de las normas internacionales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T&iacute;tulo V &ndash; Notificaci&oacute;n de incidentes<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En el t&iacute;tulo V, el m&aacute;s extenso, se regula la notificaci&oacute;n de incidentes y se presta atenci&oacute;n a los incidentes con impacto transfronterizo y a la informaci&oacute;n y coordinaci&oacute;n con otros Estados de la Uni&oacute;n<br \/>\n\tEuropea para su gesti&oacute;n. El Real Decreto-Ley requiere que los operadores de servicios esenciales y los proveedores de servicios digitales notifiquen los incidentes que sufran en las redes y servicios de informaci&oacute;n que emplean para la prestaci&oacute;n<br \/>\n\tde los servicios esenciales y digitales y tengan efectos perturbadores significativos en los mismos, al tiempo que prev&eacute; la notificaci&oacute;n de los sucesos o incidencias que puedan afectar a los servicios esenciales pero que a&uacute;n no hayan<br \/>\n\ttenido un efecto adverso real sobre aquellos y perfila los procedimientos de notificaci&oacute;n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La notificaci&oacute;n de incidentes forma parte de la cultura de gesti&oacute;n de riesgos que la Directiva transpuesta y el Real Decreto-Ley fomentan. Por ello, esta legislaci&oacute;n protege a la entidad notificante y al personal que informe sobre<br \/>\n\tincidentes ocurridos introduciendo cierta g&eacute;nesis de garant&iacute;a legal para el whistleblower. Asimismo, preserva la informaci&oacute;n confidencial de su divulgaci&oacute;n al p&uacute;blico o a otras autoridades distintas de la notificada<br \/>\n\ty permite la notificaci&oacute;n de incidentes cuando no sea obligada su comunicaci&oacute;n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A t&iacute;tulo de ejemplo, son incidentes de seguridad sujetos a notificaci&oacute;n los ataques que pretendan la parada o inutilizaci&oacute;n de servicios tecnol&oacute;gicos, el acceso a informaci&oacute;n privilegiada, o la manipulaci&oacute;n fraudulenta<br \/>\n\tde los sistemas y las redes.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T&iacute;tulo VI &#8211; Supervisi&oacute;n<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En el t&iacute;tulo VI se disponen las potestades de inspecci&oacute;n y control de las autoridades competentes y la cooperaci&oacute;n con las autoridades nacionales de otros Estados miembros.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T&iacute;tulo VII &#8211; R&eacute;gimen sancionador<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Este t&iacute;tulo tipifica las infracciones y sanciones del Real Decreto-Ley. En este aspecto, &eacute;ste se decanta por impulsar la subsanaci&oacute;n de la infracci&oacute;n antes que su castigo, el cual, si es necesario dispensarlo, ser&aacute; efectivo,<br \/>\n\tproporcionado y disuasorio, en l&iacute;nea con lo ordenado por la Directiva (UE) 2016\/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016. Se establecen sanciones administrativas para el caso de incumplimiento del deber de reportar las<br \/>\n\tvulnerabilidades detectadas, entre otros incumplimientos, con multas por valor de hasta un mill&oacute;n de euros.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El Departamento de <strong><\/strong> de Belzuz Abogados cuenta con profesionales cualificados para prestar<br \/>\n\tla asesor&iacute;a jur&iacute;dica necesaria respecto al asesoramiento y defensa de las empresas que puedan estar expuestas a riesgos cibern&eacute;ticos, pudiendo asistirlas en toda clase de procedimientos de consultor&iacute;a, judiciales y\/o sancionadores.<\/p>\n<\/p><\/p>\n","protected":false},"featured_media":431,"template":"","categories":[],"area-de-practica":[],"publicaciones":[],"idioma-publicacion":[70],"class_list":["post-2921","publicacion","type-publicacion","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","idioma-publicacion-espanol"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/belzuz.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/publicacion\/2921","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/belzuz.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/publicacion"}],"about":[{"href":"https:\/\/belzuz.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/publicacion"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/belzuz.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/431"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/belzuz.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2921"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/belzuz.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2921"},{"taxonomy":"area-de-practica","embeddable":true,"href":"https:\/\/belzuz.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/area-de-practica?post=2921"},{"taxonomy":"publicaciones","embeddable":true,"href":"https:\/\/belzuz.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/publicaciones?post=2921"},{"taxonomy":"idioma-publicacion","embeddable":true,"href":"https:\/\/belzuz.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/idioma-publicacion?post=2921"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}