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La infracción de los derechos de PI puede tener un impacto negativo significativo en las empresas y en la economía en general. Los productos falsificados o pirateados no solo perjudican a los titulares de derechos, sino también a la seguridad y competitividad en el mercado.<\/p>\n
El Reglamento (UE) n.º 608\/2013 tiene como objetivo reforzar la protección de los derechos de PI, permitiendo que las autoridades aduaneras actúen de forma proactiva para impedir la entrada de mercancías infractoras en el mercado de la UE.<\/p>\n
Las personas y entidades legitimadas para entablar una demanda judicial que determine si ha habido violación de un derecho de propiedad intelectual pueden presentar una solicitud a la aduana competente para que las autoridades intervengan en casos de sospecha de violación de derechos de PI. Este procedimiento se activa mediante una Solicitud Inicial.<\/p>\n
En esta solicitud, que puede ser una nacional<\/strong> o de la Unión Europea<\/strong>, el titular del derecho o una entidad autorizada solicita la intervención de las autoridades aduaneras, demostrando la sospecha de violación y proporcionando detalles sobre las mercancías en cuestión.<\/p>\n Una vez aprobada esta solicitud, es posible solicitar modificaciones a la solicitud original, así como prorrogar el período de intervención de las autoridades aduaneras. Estas solicitudes deben realizarse de acuerdo con las normas establecidas y justificarse con base a la evolución de la situación.<\/p>\n El pasado 13 de septiembre de 2024 se publicó el Reglamento de Ejecución (UE) 2024\/2399 que refuerza la obligación de presentar las solicitudes (iniciales) y las solicitudes de modificación o prórroga por vía electrónica<\/strong>, dado que en la Unión ya están disponibles<\/strong> los portales nacionales para operadores establecidos por las autoridades aduaneras de los Estados miembros y el Portal de Aplicación de PI («IPEP») — el Sistema de Información de Lucha contra la Falsificación y la Piratería («COPIS»).<\/p>\n Estas modificaciones tienen como objetivo promover una mejor comunicación entre los titulares de derechos y las autoridades aduaneras, garantizando que la información relevante se gestione de manera más eficiente y que las partes interesadas puedan seguir el estado de las solicitudes con mayor facilidad.<\/p>\n En cuanto al procedimiento, una vez aprobada la solicitud de intervención, las autoridades aduaneras pueden tomar varias medidas para abordar la sospecha de violación de los derechos de PI. Estas medidas incluyen la suspensión de la autorización de salida<\/strong> o retención de mercancías<\/strong>, la inspección<\/strong> y la destrucción<\/strong>.<\/p>\n Si la inspección confirma la infracción, además de estas medidas, el titular del derecho también puede optar por activar los mecanismos judiciales adecuados, ya sea en la vía civil o penal, contra los infractores.<\/p>\n La intervención aduanera representa un avance significativo en la protección de los derechos de PI dentro de la Unión Europea y proporciona a los titulares de derechos un mecanismo eficaz para combatir la violación y minimizar sus impactos.<\/p>\n