El Tribunal Supremo ha establecido recientemente que, cuando una reclamaci\u00f3n de responsabilidad patrimonial frente a la Administraci\u00f3n concluye con una resoluci\u00f3n desestimatoria \u2014ya sea expresa o por silencio administrativo\u2014, el perjudicado no puede posteriormente dirigirse a los tribunales civiles interponiendo la acci\u00f3n directa del art\u00edculo 76 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) contra la aseguradora del ente p\u00fablico.<\/p>\n
En el \u00e1mbito de la responsabilidad derivada de la actuaci\u00f3n administrativa, es habitual que los organismos p\u00fablicos cuenten con p\u00f3lizas de responsabilidad civil que cubren los da\u00f1os ocasionados a terceros. En consecuencia, podr\u00eda pensarse que el particular dispone de la alternativa de acudir directamente frente a la entidad aseguradora en v\u00eda civil, evitando as\u00ed la tramitaci\u00f3n administrativa previa. Sin embargo, ambas v\u00edas \u2014la administrativa y la civil\u2014 son excluyentes, de forma que la elecci\u00f3n de una impide acudir posteriormente a la otra.<\/p>\n
La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, n\u00ba 169\/2024, de 12 de febrero (rec. 6524\/2019)<\/strong>, refuerza esta doctrina al delimitar las opciones de las que dispone quien reclama por presunta mala praxis sanitaria dentro del sistema p\u00fablico. Seg\u00fan el Alto Tribunal, cuando se opta por la v\u00eda administrativa<\/strong>, y el procedimiento concluye reconociendo la responsabilidad y fijando una indemnizaci\u00f3n, se generan varias consecuencias jur\u00eddicas relevantes, ya consolidadas en la jurisprudencia:<\/p>\n Si la reclamaci\u00f3n administrativa es desestimada, o si la indemnizaci\u00f3n reconocida se considera insuficiente, el afectado puede acudir a la jurisdicci\u00f3n contencioso\u2011administrativa, pudiendo plantear:<\/p>\n Como tercera alternativa conceptual, cabr\u00eda la acci\u00f3n directa en v\u00eda civil contra la aseguradora. Sin embargo, esta solo es viable si el interesado no ha acudido previamente a la v\u00eda administrativa. El Tribunal Supremo es claro: permitir que la jurisdicci\u00f3n civil revisara los actos administrativos implicar\u00eda una invasi\u00f3n del \u00e1mbito propio de la jurisdicci\u00f3n contencioso\u2011administrativa, especialmente cuando dichos actos han quedado firmes por falta de impugnaci\u00f3n.<\/p>\n La acci\u00f3n directa del art\u00edculo 76 LCS se caracteriza por su autonom\u00eda procesal y por la solidaridad estructural entre asegurado y asegurador. No obstante, la responsabilidad de la aseguradora no puede superar la de su asegurado, y solo la jurisdicci\u00f3n contencioso\u2011administrativa puede declarar la responsabilidad patrimonial de la Administraci\u00f3n. La funci\u00f3n del juez civil se limita, en su caso, a realizar apreciaciones prejudiciales, pero nunca a sustituir o revisar actos administrativos firmes.<\/p>\n El Tribunal Supremo recuerda que ser\u00eda contrario al principio de legalidad utilizar la acci\u00f3n directa para intentar obtener, v\u00eda jurisdicci\u00f3n civil, una declaraci\u00f3n de responsabilidad administrativa que ya ha sido negada en sede administrativa y que ha quedado firme. Del mismo modo, si existiera una sentencia contencioso\u2011administrativa firme que declarara inexistente la responsabilidad patrimonial, esta no podr\u00eda reactivarse mediante una acci\u00f3n directa frente a la aseguradora.<\/p>\n En definitiva, la posibilidad de demandar directamente a la aseguradora de la Administraci\u00f3n en v\u00eda civil exige no haber iniciado previamente el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial. Una vez utilizada la v\u00eda administrativa, no cabe acudir posteriormente a la jurisdicci\u00f3n civil para obtener un pronunciamiento que altere o cuestione el acto administrativo firme.<\/p>\n Conclusi\u00f3n: <\/strong>Al plantear una reclamaci\u00f3n por da\u00f1os derivados de la actuaci\u00f3n administrativa, resulta esencial decidir desde el principio qu\u00e9 v\u00eda se va a seguir y en qu\u00e9 jurisdicci\u00f3n se pretende litigar. Cada opci\u00f3n tiene implicaciones diferentes y conduce a consecuencias procesales y materiales que no son intercambiables. El an\u00e1lisis estrat\u00e9gico inicial evita situaciones de inadmisibilidad o de p\u00e9rdida de acciones.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":18936,"template":"","categories":[],"area-de-practica":[],"publicaciones":[66],"idioma-publicacion":[70],"class_list":["post-19488","publicacion","type-publicacion","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","publicaciones-jose-garzon","idioma-publicacion-espanol"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/belzuz.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/publicacion\/19488","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/belzuz.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/publicacion"}],"about":[{"href":"https:\/\/belzuz.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/publicacion"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/belzuz.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18936"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/belzuz.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19488"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/belzuz.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19488"},{"taxonomy":"area-de-practica","embeddable":true,"href":"https:\/\/belzuz.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/area-de-practica?post=19488"},{"taxonomy":"publicaciones","embeddable":true,"href":"https:\/\/belzuz.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/publicaciones?post=19488"},{"taxonomy":"idioma-publicacion","embeddable":true,"href":"https:\/\/belzuz.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/idioma-publicacion?post=19488"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}\n
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