\n
El auge<\/em> de las redes sociales y el comercio online es una realidad a la que nadie es indiferente independientemente de su edad, profesión o condición social, y ha traído una serie de preocupaciones asociadas al entorno digital. La difusión de desinformación, la propagación de discursos de odio, la aparición de la “cultura de la cancelación” y el aumento de contenidos ilegales son retos actuales que merecen una regulación más sólida y exhaustiva. En respuesta a estas preocupaciones y con el objetivo de establecer obligaciones armonizadas de transparencia, responsabilidad y diligencia por parte de los proveedores de servicios digitales hacia los usuarios y consumidores, se creó la DSA (“Digital Services Act”).<\/p>\n En un ecosistema sin fronteras, la DSA se dirige y aplica a todos los servicios de intermediación ofrecidos a los destinatarios en la UE<\/span>, independientemente de dónde tengan su lugar de establecimiento los proveedores de estos servicios<\/strong>.<\/p>\n Se trata de una medida legislativa global que impone requisitos de responsabilidad y diligencia de forma generalizada a todos los proveedores de servicios de intermediación digital<\/strong>, y que contiene un conjunto de normas destinadas a regular las plataformas online y promover la equidad y la transparencia en el mercado digital.<\/p>\n Es importante señalar que, además de las obligaciones que impone, la DSA también establece una serie de normas destinadas a proteger los derechos fundamentales de los consumidores (de bienes\/servicios\/contenidos). Estos derechos incluyen la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, de información y de opinión sin manipulación.<\/p>\n Además, los propios proveedores de bienes o servicios, así como los creadores de contenidos, como los influencers<\/em>, gozan ahora de una mayor protección, ya que la DSA incluye el derecho a presentar reclamaciones directamente a las plataformas, que deberán hacerles un seguimiento con personal cualificado de forma oportuna y no discriminatoria. Por razones de transparencia, las plataformas también tendrán que motivar de forma clara, razonada y específica sus decisiones de moderación de contenidos.<\/p>\n En otras palabras, situaciones como el Shadow Banning, Throttling, Ghosting<\/em> u otras, todas ellas redundantes de la práctica de Supresión y\/o Distorsión de algoritmos, podrán ahora ser evaluadas dentro del ámbito de la DSA, regido por un sentido de ubicuidad orientado a lograr un entorno digital seguro, fiable y transparente.<\/p>\n El 8 de febrero de 2024, el Gobierno portugués aprobó el Decreto-Ley por el que se designa a ANACOM como autoridad competente y coordinadora de los servicios digitales en Portugal. En conjunto con ANACOM, el decreto también define que sea la ERC (Autoridad Reguladora de los Medios de Comunicación) la entidad competente para los medios de comunicación y otros contenidos mediáticos, y Inspección General de Actividades Culturales (IGAC), la autoridad competente para los derechos de autor y derechos afines, cumpliendo así con el Reglamento (UE) 2022\/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un mercado único de servicios digitales.<\/p>\n El incumplimiento de las obligaciones de la DSA será sancionado con multas basadas en la facturación mundial del proveedor<\/span>.<\/p>\n