La separación o el divorcio de los padres conlleva muchas decisiones difíciles. Entre las más delicadas se encuentra la regulación de las responsabilidades parentales: ¿con quién vivirá el niño? ¿Cómo se organizará el régimen de convivencia con cada progenitor? Y, sobre todo, ¿qué piensa el niño sobre todo esto?
La legislación portuguesa reconoce que el niño tiene derecho a ser escuchado en estos procesos, porque está en juego su interés superior. Pero, ¿es siempre obligatoria esta audiencia?
Según la ley portuguesa, el niño debe ser escuchado siempre que tenga suficiente madurez para comprender los asuntos en cuestión. La audiencia se vuelve obligatoria a partir de los 12 años, ya que se considera que, a esa edad, el niño tiene capacidad para entender y reflexionar sobre decisiones que le afectan directamente.
No obstante, incluso antes de esa edad, el juez puede decidir escucharlo si considera que demuestra la madurez necesaria. La participación del niño no es simplemente un trámite procesal más: es un elemento esencial para asegurar que el tribunal decide realmente en función de su interés superior.
Incluso cuando existe acuerdo entre los padres sobre la regulación de las responsabilidades parentales, el niño debe ser escuchado.
Por ejemplo, es frecuente pensar que, si los padres llegan a un acuerdo — como en un divorcio de mutuo acuerdo presentado en el Registro Civil —, ya no es necesario oír al niño. Pero esto no es cierto.
Incluso en estos casos, el proceso se remite al Ministerio Público, que puede y debe escuchar al menor antes de la homologación del acuerdo.
Este cuidado garantiza que el acuerdo refleje verdaderamente el interés del niño y no solo el entendimiento (a veces precipitado o desequilibrado) entre los adultos.
El momento de la audiencia del niño, ya sea en procesos con o sin acuerdo entre los progenitores, se prepara cuidadosamente para que el niño se sienta tranquilo, seguro y comprendido. La sesión se desarrolla en un entorno reservado y acogedor, sin la presencia de los padres, y cuenta con la asistencia de un técnico especializado que le explica, de forma sencilla y adaptada a su edad, el motivo y el contexto. Siempre que lo desee, el niño puede estar acompañado por un adulto de su confianza y también puede solicitar que sus palabras se mantengan confidenciales, lo que le permite expresarse con libertad y sin miedos.
Para reforzar ese ambiente de cercanía y protección, el juez, el fiscal y los abogados presentes no visten toga ni traje formal, evitando cualquier escenario que pueda resultar intimidatorio. La prioridad es garantizar que el niño se sienta respetado y escuchado, pudiendo expresar su opinión de forma libre, informada y sin presiones. El ejercicio de este derecho debe realizarse sin ningún tipo de presión ni de factores ambientales, físicos o psicológicos que puedan coartar la manifestación genuina de su voluntad.
En situaciones más complejas — por ejemplo, cuando existe un conflicto de intereses entre los padres y el niño — puede ser necesario incluso nombrar un abogado propio que represente al menor, asegurando que sus derechos estén plenamente defendidos.
Es importante destacar que lo que diga el niño no obliga automáticamente al tribunal a seguir su opinión. Sin embargo, su voz debe ser considerada siempre que esté alineada con su bienestar.
La audiencia del niño constituye una prueba esencial para la decisión final basada en su interés superior. De hecho, no escuchar al niño cuando la ley lo exige puede dar lugar a la anulación de la decisión judicial, lo que demuestra la relevancia de este derecho.
Escuchar al niño es mucho más que cumplir una exigencia legal: es respetar su dignidad, proteger su bienestar y garantizar que tenga un papel activo en las decisiones que afectan a su vida. La audiencia del niño es un derecho fundamental en los procesos de regulación de las responsabilidades parentales. Más que un deber legal, es la forma de asegurar que las decisiones reflejen realmente su interés superior.
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