El pasado 30 de diciembre fue publicado el Decreto-Ley n.º 139-A/2025, que introdujo modificaciones al Decreto-Ley n.º 152-D/2017, que unifica el régimen jurídico aplicable a la gestión de flujos específicos de residuos sujetos al principio de responsabilidad ampliada del productor.
Según este principio, el productor es responsable del ciclo de vida completo del producto, incluyendo la gestión de los residuos generados tras su consumo.
En términos prácticos, esto significa que el productor no solo responde por la fabricación y venta del producto, sino que también debe garantizar que, una vez convertido en residuo, sea recogido, reciclado, valorizado o eliminado de manera ambientalmente adecuada.
La presente modificación legislativa surge en el contexto de la necesidad de crear un sistema de incentivo o depósito aplicable a los REEE, estableciendo el marco jurídico necesario y asegurando el cumplimiento del marco TC-C12-r39 del PRR.
Asimismo, impone la aprobación de un marco legal que permita la futura implementación, mediante orden conjunta de los miembros del Gobierno responsables de las áreas de finanzas, economía y medio ambiente, de un sistema de recogida y retorno destinado a promover la recolección, valorización y adecuada gestión de los residuos electrónicos.
El Decreto-Ley modifica el artículo 58 del Decreto-Ley n.º 152-D/2017, estableciendo la obligatoriedad, a partir del 31 de diciembre de 2026, de la existencia de un sistema de incentivo o depósito aplicable a los REEE.
Se prevé también que los criterios operativos, técnicos y financieros del sistema se definirán posteriormente mediante reglamentación específica.
Esta modificación representa un paso decisivo para la implementación de mecanismos estructurados de economía circular, orientados a:
- reforzar la recogida selectiva,
- incrementar las tasas de retorno, y
- alinear el régimen nacional con los compromisos ambientales asumidos por Portugal a nivel europeo.
El Decreto-Ley entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 31 de diciembre de 2025, permitiendo al Gobierno portugués iniciar el proceso reglamentario necesario para la operación del futuro sistema de incentivos o depósito aplicable a los residuos electrónicos, obligatorio a partir del 31 de diciembre de 2026.
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