El proceso de inventario judicial es un procedimiento especial que consiste en la enumeración de los bienes existentes tras el fallecimiento de una persona y la consiguiente apertura de la herencia por dicho fallecimiento, o tras el divorcio de un matrimonio, en aquellos casos en los que no existe acuerdo sobre la división de los bienes comunes.
De esta forma el inventario puede cumplir diversas funciones:
a) Poner fin a la comunidad hereditaria y proceder a la partición de los bienes;
b) Relacionar los bienes que forman parte de la sucesión y servir de base para una eventual liquidación de la herencia, cuando no sea necesario realizar la partición;
c) Repartir bienes en consecuencia de la declaración de ausencia (cuando una persona desaparece sin que se sepa si sigue viva o no, y no hay noticias suyas durante un periodo determinado, puede declararse judicialmente su ausencia e, incluso, en determinadas condiciones, su fallecimiento presunto);
d) Repartir los bienes comunes de un matrimonio disuelto.
Imaginemos el siguiente caso: A, viudo, fallece dejando como herederos a sus tres hijos, B, C y D, siendo este último soltero y residente en la vivienda del padre fallecido (el “causante”). Aunque la mayor parte de los bienes de dicha vivienda ya pertenecían al matrimonio formado por los padres de B, C y D, en el momento del fallecimiento de la madre no se procedió a la partición, manteniéndose los bienes en la casa familiar. Ocurre que D, que siguió residiendo en dicha vivienda, impidió a sus hermanos acceder a los bienes que debían repartirse entre los tres, llegando incluso a cambiar la cerradura.
En casos como este, o similares, además de ser necesario realizar un inventario para enumerar y valorar económicamente cada bien a repartir, también resulta aconsejable solicitar el depósito judicial de dichos bienes.
El depósito judicial tiene sentido cuando existe un “fundado temor de pérdida, ocultación o dilapidación de bienes, sean muebles o inmuebles, o de documentos”, como sucede en el caso de B y C respecto a D. Se trata de una medida cautelar que depende de una acción principal, en este caso, el proceso de inventario.
En el caso concreto, el objetivo del depósito judicial es identificar los bienes sobre los cuales el solicitante afirma tener derechos, garantizando al mismo tiempo su conservación. Los bienes permanecen “retenidos” hasta que se les asigne un destino definitivo en la acción principal — en este caso, la partición de la herencia.
Cuando la acción principal es un inventario, el depósito judicial puede seguir siendo útil hasta la partición efectiva, ya que es en ese momento cuando se concretan los derechos de cada interesado sobre los bienes a repartir.
El hecho de que exista ya un inventario con la identificación y valoración de los bienes no elimina la relevancia del depósito judicial. Este sigue estando justificado siempre que persista el riesgo de pérdida, ocultación o dilapidación de los bienes, siendo necesaria la protección judicial para garantizar su conservación hasta que se formalice la partición y se determinen los derechos de cada heredero.
Así, el depósito judicial, como medida cautelar especial, resulta fundamental en los casos en que uno de los herederos impide a los demás el acceso a los bienes hereditarios, comportándose como si fueran de su exclusiva propiedad. En estas situaciones existe el riesgo de deterioro, ocultación o incluso desaparición de los bienes antes de la partición. Por ello, el depósito judicial se convierte en un instrumento indispensable para salvaguardar los derechos hereditarios de todos los herederos y garantizar la preservación del patrimonio hasta que se lleve a cabo la partición completa y definitiva.
En los casos de depósito preliminar o incidental en acciones de separación judicial de personas y bienes, o de divorcio, la ley no exige la alegación ni la prueba de un fundado temor de pérdida, ocultación o dilapidación de bienes. Este requisito queda dispensado, pues se entiende que, dada la naturaleza conflictiva de estas acciones, es razonable presumir el riesgo de comportamientos poco transparentes respecto al patrimonio, lo que podría agravar los motivos de discordia entre las partes.
En Belzuz Abogados, S.L.P. puede contar con el asesoramiento jurídico de abogados con experiencia, para garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos de todas las partes implicadas.