Con el desarrollo de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, el sector publicitario y de comunicación audiovisual ha experimentado un gran cambio en la forma de transmitir los contenidos al público general. Este nuevo canal de comunicación ha propiciado la regulación del mismo, primero con la Ley General de Comunicación Audiovisual 13/2022 y, posteriormente, con la aprobación del Real Decreto 444/2024, de 30 de abril, por el que se regulan los requisitos a efectos de ser considerado usuario de especial relevancia de los servicios de intercambio de vídeos a través de la plataforma.

Esto ha supuesto un antes y un después en la regulación de los creadores de contenido digital en España, conocidos como “influencers”, introduciendo una regulación detallada que establece unas obligaciones para usuarios de especial relevancia en plataformas conocidas como TikTok, Instagram o Twitch.

Desde el Departamento de Derecho Digital y Entretenimiento de Belzuz Abogados, S.L.P., analizamos el alcance de esta normativa, sus implicaciones para los influencers, y las dificultades interpretativas que podrían surgir al momento de aplicarla.

Antes de la entrada en vigor del Real Decreto 444/2024, la regulación de los servicios de intercambio de vídeos en España se sustentaba en disposiciones generales que no diferenciaban adecuadamente entre los diversos tipos de usuarios ni consideraban el impacto específico de cada uno.

La irrupción del contenido generado por usuarios en plataformas como YouTube o Instagram ha transformado el espacio comunicativo. En respuesta a esta realidad, este Decreto establece un marco normativo más preciso, desarrollando principalmente el artículo 94 de la Ley 13/2022, indicando específicamente quiénes son los sujetos que ostentan la consideración de usuarios de especial relevancia. El Real Decreto fija los criterios concretos para identificar a aquellos creadores de contenido que, por su alcance e influencia, deben asumir responsabilidades adicionales en el entorno digital.

Sujetos obligados y ámbito de aplicación

El Real Decreto 444/2024 se aplica exclusivamente a los usuarios de especial relevancia (“influencer”) en plataformas de intercambio de vídeos, y para ser clasificados como tal, deben concurrir simultáneamente los siguientes requisitos:

• Ingresos significativos: ingresos brutos iguales o superiores a 300.000€ anuales, derivados exclusivamente de su actividad en plataformas digitales;
• Alcanzar una audiencia mínima de un millón de seguidores en un único servicio de intercambio de vídeos a través de una única plataforma o dos millones entre varias plataformas;
• Publicar al menos 24 vídeos al año, sin exigencia de duración concreta generando un volumen de interacción.

Esta delimitación objetiva, tiene como finalidad evitar que la norma afecte a los creadores ocasionales o de baja influencia, centrándose fundamentalmente en aquellas personas que tienen capacidad real para influir sobre la opinión pública y las decisiones de consumo, especialmente de menores. Se trata de un servicio cuyo propósito es informar, educar o incluso entretener al público.

Obligaciones legales de creadores de contenido bajo esta ley

A los influencers se les impone un conjunto de obligaciones formales y sustantivas, entre las que destacan: su inscripción en el Registro Estatal de prestadores del servicio de comunicación audiovisual, que permite a las autoridades monetizar y supervisar de forma eficaz la actividad de estos usuarios, asegurándose de que los usuarios con gran influencia sobre el público actúen con responsabilidad y siguiendo principios éticos.

Los creadores de contenido deben indicar de forma expresa y visible cuándo un contenido ha sido patrocinado, con el objetivo de evitar cualquier tipo de confusión respecto de su carácter promocional. Por ejemplo, los influencers en una historia de Instagram están obligados a indicar expresamente cuando el contenido haya sido patrocinado, utilizando el siguiente texto: #ad. Asimismo, están obligados a declarar los ingresos procedentes de actividades publicitarias, colaboraciones patrocinadas, asegurando la transparencia sobre el origen de su financiación ante la audiencia.

Otra obligación que deben cumplir es la protección específica y especial de los menores, evitando contenidos que puedan afectar a su desarrollo físico, mental o moral. A su vez, los influencers deben asegurarse de que su contenido sea apropiado y no lesivo para los menores, obligados a respetar la normativa aplicable a las comunicaciones comerciales, velando porque estas sean claras y no induzcan a error. Podemos destacar que entre una de sus obligaciones se encuentra la prohibición de promocionar alcohol, tabaco o juegos de azar.

Estos usuarios de especial relevancia deben adoptar medidas más estrictas para prevenir cualquier vulneración de los derechos de propiedad intelectual. Están igualmente obligados a establecer una distinción clara y visible entre sus manifestaciones personales y aquellos mensajes que responden a fines publicitarios o patrocinados.

De este modo, se establece un régimen jurídico sustancialmente semejante al que deben cumplir los prestadores tradicionales de servicios audiovisuales, como cadenas de televisión o productoras de contenidos.

Retos Prácticos y dificultades interpretativas

La aplicación práctica del Real Decreto plantea desafíos significativos tanto para los creadores de contenido como para las empresas del sector. Uno de los principales retos reside en la correcta identificación y acreditación de los ingresos generados, que pueden proceder de fuentes muy diversas (publicidad, colaboraciones, merchandising, eventos, etc.).

Asimismo, la obligación de transparencia y la protección reforzada de los menores exigen una revisión constante de las buenas prácticas en materia de comunicación comercial, así como la implementación de mecanismos internos de control y cumplimiento normativo. La complejidad del entorno digital y la velocidad a la que evolucionan las plataformas pueden dar lugar a situaciones de difícil interpretación, especialmente en lo relativo a la delimitación de los contenidos patrocinados y el alcance de las responsabilidades legales.

No menos relevante es el debate sobre la proporcionalidad de las sanciones y la posible colisión con derechos fundamentales como la libertad de expresión, cuestiones que previsiblemente serán objeto de análisis judicial y doctrinal en los próximos años.

Conclusiones

A pesar de que la normativa establece una estructura clara para la regulación de la actividad de los influencers, no está exenta de controversias que podrían surgir en su aplicación práctica.

La valoración de los ingresos obtenidos por los creadores de contenido supone una de las principales dificultades. Estos pueden provenir de diversas fuentes, como transmisiones en vivo, contenido patrocinado o merchandising, lo que complica su valoración y verificación. Esta diversidad puede dificultar el cumplimiento de las obligaciones legales, ya que los creadores deberán demostrar sus ingresos de manera precisa y transparente.

Además, los creadores de contenido deben ser extremadamente cuidadosos al realizar una publicidad o proporcionar información a su audiencia. Cualquier error en la comunicación podría comprometer la protección de los consumidores, lo que podría resultar en sanciones. Por ello, es crucial que todos los actores del sector estén bien informados sobre la normativa y cumplan con las responsabilidades legales para evitar consecuencias negativas que puedan afectar su trabajo y reputación.

Desde Belzuz Abogados, S.L.P. contamos con un equipo especializado en Derecho Digital y Entretenimiento, preparado para asesorar tanto a creadores de contenido como a agencias y empresas en la interpretación y cumplimiento de esta nueva normativa. Si necesita resolver cualquier duda, implementar procedimientos de compliance o defender sus intereses ante posibles sanciones, no dude en contactar con nosotros. Nuestro compromiso es ofrecer soluciones jurídicas eficaces y personalizadas para afrontar con éxito los retos del ecosistema digital.