Una exención que depende de un empleado
El artículo 482 de la Ley 19/1991, del Impuesto sobre el Patrimonio (LIP), declara exentas las participaciones en entidades si se cumplen tres requisitos: que la entidad no sea una mera gestora de patrimonio, que el socio tenga al menos el 5 % (o el 20 % con su grupo familiar) y que ejerza funciones de dirección retribuidas por encima del 50 % de sus rendimientos empresariales, profesionales y del trabajo.
Para saber si una sociedad realiza actividad económica, la LIP se remite al IRPF. Y aquí entra en juego el artículo 27.2 de la Ley 35/2006: el arrendamiento de inmuebles solo es actividad económica si para su ordenación se utiliza, al menos, una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa.
La DGT recuerda su criterio reiterado (V0638-13, V0953-17, V2513-18): el contrato debe ser laboral según la normativa laboral y el empleado debe dedicarse de forma exclusiva a la gestión del arrendamiento. En la práctica, esto obligaba a que cada sociedad patrimonial tuviera su propio empleado, aunque el mismo grupo familiar tuviera varias sociedades gestionadas desde una misma oficina.
El empleado puede estar en otra sociedad del grupo
La DGT admite que el requisito del empleado a jornada completa se entienda cumplido, aunque la persona esté contratada por otra sociedad del grupo. Para ello se apoya en las sentencias del Tribunal Supremo núm. 167/2026, de 17 de febrero (rec. 1196/2024), y núm. 186/2026, de 19 de febrero (rec. 1326/2024). Según la doctrina casacional que transcribe, el requisito se cumple en la sociedad arrendadora cuando concurren estos elementos:
- Grupo mercantil con actividad económica. La arrendadora pertenece a un grupo en los términos del artículo 42 del Código de Comercio y del artículo 5.1 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades.
- Medios del grupo. La ordenación del arrendamiento se realiza con medios personales y materiales del grupo, aunque estén centralizados en otra sociedad.
- Unidad de medios y de actividad. La realidad económico-funcional del grupo debe permitir constatar que existe esa unidad a nivel de grupo.
- Integración funcional de la arrendadora. La sociedad arrendadora debe servir a la actividad económica del grupo o de las empresas cuyos medios le dan soporte. No basta con que simplemente use esos medios.
El Supremo añade una consecuencia relevante para la valoración: si se cumple lo anterior, las participaciones de la sociedad tenedora en la filial son activos afectos y no se computan como no afectos en la regla de proporcionalidad del último párrafo del artículo 4.Ocho.Dos LIP.
El límite también queda claro. La mera pertenencia formal al grupo, sin articulación ni integración funcional y económica, no basta. En ese caso, el requisito del artículo 27.2 LIRPF debe acreditarse de forma aislada en la propia sociedad arrendadora.
Recomendaciones prácticas
Como la carga de la prueba recaerá sobre el contribuyente en una eventual comprobación, conviene preparar la documentación antes del devengo del impuesto (31 de diciembre):
- Estructura societaria. Revisar si existe una sociedad dominante que permita hablar de grupo mercantil, o valorar si procede reorganizar la estructura.
- Contrato de servicios intragrupo. Formalizar por escrito la prestación de servicios de gestión desde la sociedad que tiene contratado al personal, con un precio de mercado y su facturación efectiva.
- Organización real. Documentar quién gestiona cada inmueble: contratos, cobros, incidencias, mantenimiento. Organigramas, correos y registros de tareas son prueba útil.
- Integración funcional. Poder explicar por qué la arrendadora forma parte de la actividad del grupo y no es un patrimonio aislado que solo aprovecha medios ajenos.
- Personal suficiente. Comprobar que el personal centralizado tiene contrato laboral y una dimensión razonable para el volumen de inmuebles que gestiona.
En síntesis
La V5530-26 consolida en vía administrativa un criterio favorable para los grupos familiares con sociedades patrimoniales. Ya no es imprescindible un empleado por cada arrendadora, siempre que el grupo actúe como una verdadera unidad económica. Pero la DGT no da nada por acreditado: la exención dependerá de la realidad que se pueda probar ante la inspección.