La eliminación producirá efectos a partir del uno de enero de dos mil veintisiete, previéndose hasta entonces un período de adaptación que permitirá la liquidación de existencias, la revisión de contratos de suministro y logística, la consolidación de alternativas en el mercado y la adaptación progresiva de los consumidores a nuevos hábitos de consumo.
Los consumidores y operadores económicos dispondrán de este período transitorio para adaptarse, siendo el objetivo central la sustitución de soluciones desechables por alternativas reutilizables.
El marco jurídico de esta medida se encuentra, en primer lugar, en la Directiva (UE) 2019/904, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente, así como en la Ley n.º 76/2019, que procedió a su transposición parcial al ordenamiento jurídico portugués.
Asimismo, debe recordarse el régimen nacional introducido en dos mil quince para la reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras, que dio lugar a una disminución muy significativa del consumo per cápita en Portugal. El siguiente paso se centra ahora en las bolsas ultraligeras, utilizadas con frecuencia para frutas y verduras.
A pesar de su reducido tamaño, estas bolsas presentan un impacto ambiental relevante.
Tienen menos de quince micrómetros de espesor, se dispersan fácilmente en el entorno, tardan décadas en degradarse y contribuyen de manera significativa a los residuos en vertederos y a la contaminación marina.
Su uso generalizado genera un impacto acumulativo considerable, tanto desde el punto de vista ambiental como económico.
Aunque el modelo definitivo de sustitución aún no ha sido formalmente anunciado, el mercado ya ofrece y prueba diversas alternativas, como bolsas reutilizables de algodón o algodón reciclado, redes ligeras y lavables para frutas y verduras, bolsas de plástico reciclado más gruesas concebidas para múltiples usos y algunas soluciones biodegradables, si bien el enfoque principal de las políticas públicas está claramente orientado hacia la reutilización.
La lógica es sencilla: utilizar varias veces en lugar de desechar tras un único uso.
Es previsible que las nuevas alternativas impliquen un coste unitario, aunque amortizado a lo largo del tiempo al tratarse de soluciones reutilizables.
Para los operadores económicos, la cuestión no se limita al precio, sino que también abarca la revisión contractual con proveedores, la adecuada comunicación al consumidor, la gestión de existencias y el estricto cumplimiento de las nuevas obligaciones legales.
Para los minoristas y distribuidores, esta modificación supone revisar las políticas internas de sostenibilidad, adaptar contratos, evaluar riesgos regulatorios, supervisar obligaciones medioambientales y, en su caso, ajustar el etiquetado y la información facilitada al consumidor.
El incumplimiento podrá dar lugar a responsabilidad administrativa sancionadora.
La eliminación de las bolsas ultraligeras representa un paso adicional en la consolidación de la política de reducción del plástico desechable en Portugal.
Para los consumidores, implica un cambio de hábitos; para las empresas, supone una cuestión de cumplimiento normativo medioambiental y de adaptación estratégica al nuevo marco regulatorio. La anticipación y la planificación serán claves para mitigar riesgos y evitar costes adicionales.
Belzuz Abogados, S.L.P. es un despacho ibérico con sede en Madrid y presencia en Lisboa y Oporto, con práctica consolidada en derecho regulatorio y medioambiental, pudiendo asesorar a sus clientes en la adaptación a este nuevo marco legal y en la mitigación de los riesgos jurídicos asociados.