Compensaciones patrimoniales tras la extinción de la unión de hecho: ¿Pueden el trabajo doméstico y los cuidados familiares generar un derecho de restitución?

Cuando termina la vida en común, ¿cómo se ajustan las cuentas?

La extinción de una unión de hecho no da lugar a una liquidación patrimonial semejante a la que tiene lugar en caso de divorcio. No existe un régimen económico matrimonial, no hay una atribución automática de la mitad del patrimonio y la duración de la relación, por sí sola, no confiere a cada miembro la mitad de los bienes adquiridos por el otro.

Esta diferencia adquiere especial relevancia cuando, durante varios años, uno de los miembros asumió una parte mayor de los gastos, financió bienes inscritos a nombre del otro, renunció a oportunidades profesionales o asumió de manera predominante el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos. En estos casos, la cuestión no consiste en determinar si la unión de hecho crea una comunidad patrimonial. Se trata de determinar si el patrimonio de uno de los miembros se incrementó, o si este evitó determinados gastos a costa del otro, sin que exista una causa jurídica que justifique la conservación de ese beneficio tras la finalización de la relación.

La respuesta se encuentra, por regla general, en las instituciones generales del derecho civil, especialmente en la copropiedad, las relaciones obligacionales y el enriquecimiento injustificado, siempre mediante un análisis riguroso de los hechos y de las pruebas.

1. ¿Tiene la unión de hecho un régimen económico?

No. La Ley portuguesa n.º 7/2001, de 11 de mayo, que establece el régimen jurídico de protección de las uniones de hecho en Portugal, no instituye un régimen patrimonial equivalente a los regímenes económicos matrimoniales ni prevé una liquidación global del patrimonio tras la extinción de la unión.

Por ello, la titularidad de los bienes continúa determinándose con arreglo a las normas generales: los bienes pertenecen a quien los haya adquirido, sin perjuicio de la copropiedad, de los acuerdos celebrados entre los miembros de la pareja, de los créditos derivados de pagos o inversiones y de una eventual restitución basada en el enriquecimiento injustificado.

El Supremo Tribunal de Justicia de Portugal ha reiterado que las relaciones patrimoniales entre los miembros de una unión de hecho se encuentran sujetas al régimen general de los derechos reales y de las obligaciones. La extinción de la unión no transforma automáticamente el patrimonio individual en patrimonio común, pero tampoco impide corregir desplazamientos patrimoniales injustificados.

Se llegó a proponer una solución expresa, pero no entró en vigor

El Decreto de la Asamblea de la República n.º 349/X preveía que, en el momento de la disolución y, excepcionalmente, por razones de equidad, el tribunal pudiera conceder una compensación por los graves perjuicios económicos derivados de decisiones personales o profesionales adoptadas en beneficio de la vida en común. El decreto no fue promulgado.

La propuesta tiene relevancia histórica porque identifica el problema, pero no constituye derecho vigente y no puede invocarse como fundamento autónomo de una acción judicial.

2. El enriquecimiento injustificado como principal vía de compensación

De conformidad con el artículo 473 del Código Civil portugués, quien se enriquezca sin causa justificativa a costa de otra persona deberá restituir aquello con lo que se haya enriquecido injustificadamente. La obligación comprende, en particular, lo recibido en virtud de una causa que posteriormente haya dejado de existir o con vistas a un efecto que finalmente no se haya producido.

En las uniones de hecho, la convivencia puede justificar inicialmente determinadas prestaciones. Una vez extinguida la unión, esa causa puede desaparecer, por lo que será necesario determinar si el otro miembro tiene derecho a conservar el beneficio obtenido.

Para que exista una obligación de restitución, deberán acreditarse conjuntamente los siguientes requisitos:

• una ventaja patrimonial del otro miembro, mediante un incremento del activo, una disminución del pasivo o un ahorro de gastos;
• un empobrecimiento o sacrificio patrimonial correlativo de quien reclama;
• una relación entre el beneficio y el sacrificio;
• la inexistencia, o posterior desaparición, de una causa justificativa;
• la inexistencia de otro medio jurídico adecuado, puesto que el enriquecimiento injustificado tiene carácter subsidiario, de conformidad con el artículo 474 del Código Civil portugués.

La restitución no corresponde necesariamente al importe total desembolsado por la persona empobrecida ni al valor íntegro del patrimonio adquirido por la persona enriquecida.

3. ¿Pueden valorarse el trabajo doméstico y los cuidados familiares?

Sí, pero no de forma automática. La jurisprudencia más reciente admite que la prestación exclusiva o predominantemente unilateral del trabajo doméstico, de los cuidados y del acompañamiento y educación de los hijos puede representar un verdadero empobrecimiento.

Como contrapartida, el otro miembro se beneficia de la realización gratuita de esas tareas, evita determinados gastos y puede dedicar más tiempo a su actividad profesional y a la formación de patrimonio.

En la Sentencia de 14 de enero de 2021, procedimiento n.º 1142/11.2TBBCL.1.G1.S1, el Supremo Tribunal de Justicia de Portugal consideró que, cuando existe un desequilibrio manifiesto en la distribución de las tareas, no resulta adecuado calificar la prestación doméstica como una simple obligación natural o como el cumplimiento de un deber moral. La carga asumida puede contabilizarse entre las contribuciones que permitieron al otro miembro adquirir patrimonio durante la unión.

Este criterio fue posteriormente precisado por la Sentencia de 12 de octubre de 2023, procedimiento n.º 241/21.7T8TND.C1.S1. El Supremo Tribunal de Justicia de Portugal aclaró que no basta con demostrar que uno de los miembros realizaba las tareas domésticas. Es necesario acreditar que su contribución era considerablemente superior y desproporcionada en comparación con la participación del otro, revelando una renuncia excesiva a la satisfacción de sus propios intereses.

En aquel caso concreto, el tribunal no reconoció la existencia del desequilibrio porque el otro miembro asumía íntegramente los gastos domésticos y la reclamante mantenía ingresos y ahorros propios.

El criterio práctico del «desequilibrio manifiesto»

4. ¿Qué otras contribuciones pueden ser objeto de restitución?

El problema no se limita al trabajo doméstico. La jurisprudencia ha analizado, entre otras, las siguientes situaciones:

• pago de cuotas de préstamos relativos a un inmueble perteneciente al otro miembro o adquirido en copropiedad por partes iguales;
• entrega de cantidades destinadas a la adquisición, construcción, conservación o revalorización de bienes inscritos únicamente a nombre de la pareja;
• participación no remunerada en la actividad profesional, empresa o negocio del otro miembro;
• asunción desproporcionada de los gastos del hogar, cuando esa contribución haya permitido al otro miembro acumular patrimonio;
• contribución económica y mediante trabajo a la formación de un patrimonio inmobiliario que, por razones de confianza, quedó inscrito únicamente a nombre de uno de los miembros.

En la Sentencia de 28 de mayo de 2024, procedimiento n.º 928/20.1T8PTM.E1.S1, el Supremo Tribunal de Justicia de Portugal reconoció el derecho a la restitución de una mujer que, durante 17 años, había contribuido con su trabajo a la adquisición de patrimonio inmobiliario inscrito únicamente a nombre de su pareja.

Posteriormente, en la Sentencia de 26 de noviembre de 2024, procedimiento n.º 54/22.9T8PRT.P1.S1, el tribunal reiteró que el beneficio atribuido en consideración a la existencia de la unión puede tener que ser restituido cuando dicha situación desaparezca. No obstante, mantuvo la exigencia de acreditar concretamente la inexistencia de una causa justificativa.

La respuesta será diferente en función de si el bien se encuentra únicamente a nombre de uno de los miembros o en régimen de copropiedad. Cuando ambos sean propietarios, podrán coexistir una acción de división de la cosa común, créditos derivados de pagos realizados por encima de la cuota correspondiente y, únicamente con carácter subsidiario, una acción por enriquecimiento injustificado.

La acción judicial deberá estructurarse respetando esta jerarquía, con el fin de evitar su desestimación como consecuencia del carácter subsidiario del enriquecimiento injustificado.

5. ¿Cómo se calcula la compensación?

No existe una única fórmula legal. El cálculo depende de la naturaleza de la contribución y de las pruebas disponibles.

El tribunal puede considerar, entre otros elementos:

• los pagos bancarios identificados;
• los costes de las obras;
• las amortizaciones de préstamos;
• el valor de mercado de servicios equivalentes;
• la duración y la intensidad de los cuidados;
• el impacto sobre la carrera profesional;
• la proporción del patrimonio cuya formación fue posible gracias a la contribución del reclamante.

En el procedimiento resuelto por el Supremo Tribunal de Justicia de Portugal el 14 de enero de 2021, se discutía la liquidación de una condena anterior y el Tribunal de Apelación había fijado en 60.782,40 euros la contribución de la reclamante a la adquisición del patrimonio.

Este dato resulta útil para demostrar que la valoración puede realizarse judicialmente, pero no constituye un baremo aplicable a otros casos. Cada acción exige establecer una relación concreta entre los hechos, las pruebas y el incremento patrimonial.

Cuando no sea posible determinar el importe exacto, puede resultar necesario formular una pretensión de condena genérica y remitir la cuantificación a un incidente de liquidación posterior, siempre que se haya acreditado la existencia del derecho y los hechos esenciales que permitan determinar el beneficio.

6. ¿Qué pruebas deben reunirse?

Las pruebas deben permitir reconstruir la realidad económica de la vida en común. No basta con alegar que «todo pertenecía a ambos» o que uno de los miembros «se ocupaba de todo en casa». Es necesario individualizar las contribuciones, los periodos, los bienes afectados y las consecuencias económicas.

Entre otros elementos, deberán reunirse:

• extractos bancarios, transferencias, recibos y justificantes de cuotas de préstamos;
• escrituras, contratos de préstamo, inscripciones registrales y documentos de adquisición;
• facturas de obras, equipamiento, seguros, impuestos, cuotas de comunidad y mantenimiento;
• declaraciones fiscales, recibos de salarios y documentos relativos a la evolución profesional de ambos miembros;
• pruebas de reducción de jornada, permisos no remunerados, interrupciones de la carrera profesional o renuncia a oportunidades;
• agendas, mensajes, correspondencia y documentos escolares o clínicos que permitan acreditar la organización de los cuidados;
• declaraciones de familiares, trabajadores domésticos, profesores, cuidadores u otras personas próximas;
• peritajes contables o valoraciones patrimoniales, cuando resulte necesario relacionar las contribuciones con la revalorización de los bienes.

7. ¿Cuál es el plazo para reclamar?

El artículo 482 del Código Civil portugués establece un plazo de prescripción de tres años a contar desde el momento en que el titular conoce su derecho a la restitución y la identidad de la persona responsable, sin perjuicio del plazo ordinario de prescripción de veinte años, contado desde el enriquecimiento.

La determinación del momento inicial del plazo resulta especialmente sensible en los litigios entre antiguos miembros de una unión de hecho.

Una parte de la jurisprudencia considera que, cuando la pretensión tiene por objeto restablecer el equilibrio entre las contribuciones realizadas durante la relación, el enriquecimiento y el inicio del plazo de tres años deben vincularse a la extinción de la unión. Este fue el criterio adoptado por el Tribunal da Relação de Évora en la Sentencia de 7 de noviembre de 2024, procedimiento n.º 697/22.0T8BJA.E1.

En otros contextos, en particular cuando se trata de pagos posteriores relacionados con un bien en copropiedad, el mismo tribunal entendió que el plazo solo comenzaba con la extinción de la copropiedad, en la Sentencia de 11 de abril de 2024, procedimiento n.º 1307/22.1T8EVR-A.E1.

La conclusión práctica es clara: la pretensión deberá analizarse y, cuando resulte necesario, ejercitarse judicialmente sin demora. El intercambio informal de mensajes o la expectativa de un futuro ajuste de cuentas puede no interrumpir la prescripción.

8. Estrategia jurídica: ¿qué debe solicitarse judicialmente?

La formulación de la pretensión dependerá de la configuración patrimonial del caso.

Antes de recurrir al enriquecimiento injustificado, deberá comprobarse si existe otra vía principal más adecuada, como:

• la ejecución de un acuerdo;
• la restitución de un préstamo;
• el reconocimiento de una copropiedad;
• la división de la cosa común;
• la rendición de cuentas;
• el mandato;
• la existencia de una sociedad;
• un crédito derivado del pago de una deuda ajena.

Cuando exista una duda legítima, podrán formularse pretensiones principales y subsidiarias, siempre que los fundamentos fácticos y jurídicos de cada una se encuentren claramente individualizados.

El enriquecimiento injustificado no deberá utilizarse como una fórmula genérica destinada a suplir deficiencias en la alegación o en la prueba de un contrato, un derecho real o un crédito específico.

Conclusión

La extinción de la unión de hecho no determina una división automática de los bienes ni genera, por sí sola, un derecho de compensación. Sin embargo, la inexistencia de un régimen legal de bienes no significa que todas las desigualdades producidas durante la convivencia deban permanecer sin corrección.

La jurisprudencia portuguesa reconoce que el trabajo doméstico, los cuidados familiares y otras contribuciones pueden constituir un empobrecimiento jurídicamente relevante cuando excedan de la cooperación normal propia de la vida en común y revelen un desequilibrio manifiesto.

El éxito de la pretensión dependerá, principalmente, de la acreditación concreta del beneficio obtenido por el otro miembro, del sacrificio correlativo, de la inexistencia de una causa justificativa, del carácter subsidiario de la acción y del cumplimiento de los plazos de prescripción.

Por ese motivo, la prevención continúa siendo esencial. Los acuerdos escritos sobre la titularidad de los bienes, la distribución de los gastos, la financiación y el destino de las inversiones comunes reducen significativamente la incertidumbre y el coste de un litigio posterior.

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