La pareja de hecho constituye actualmente una forma consolidada de organización familiar. Sin embargo, la proximidad social entre el matrimonio y la pareja de hecho no implica necesariamente una equivalencia jurídica, especialmente en materia sucesoria.
Esta diferencia adquiere una especial relevancia cuando fallece uno de los miembros de la pareja. El miembro superviviente puede descubrir que, a pesar de una convivencia prolongada, pública y estable, no es heredero legal ni heredero forzoso. En las situaciones transfronterizas entre Portugal y España, la respuesta resulta aún más compleja, dado que el Derecho español no contiene un régimen civil uniforme para las parejas de hecho.
La determinación de los derechos del miembro superviviente exige, por tanto, un análisis previo de tres cuestiones:
- comprobar si la relación cumple los requisitos legales para ser considerada una pareja de hecho;
- determinar la ley aplicable a la sucesión;
- verificar si dicha ley atribuye derechos sucesorios legales al miembro de la pareja de hecho o si su protección depende de la existencia de un testamento.
1. La pareja de hecho en Portugal: una relación familiar sin un estatuto sucesorio equivalente al matrimonio
De conformidad con la Ley portuguesa n.º 7/2001, de 11 de mayo, la unión de hecho corresponde a la situación jurídica de dos personas que, con independencia de su sexo, viven en condiciones análogas a las de los cónyuges durante más de dos años.
La producción de sus efectos jurídicos no depende de la inscripción en un registro, del otorgamiento de escritura pública ni de cualquier otro acto constitutivo. La existencia de la unión puede acreditarse mediante cualquier medio de prueba legalmente admisible, sin perjuicio de aquellos supuestos en los que la ley exija documentación específica. No obstante, el reconocimiento o ejercicio de determinados derechos puede depender de una resolución judicial, tal y como ya se ha analizado en artículos anteriores.
Entre los medios de prueba más frecuentes se encuentran:
- una declaración expedida por la junta de freguesia portuguesa, autoridad administrativa local correspondiente al domicilio de los miembros de la pareja;
- un domicilio fiscal común;
- la existencia de hijos comunes;
- la prueba testifical.
La ley portuguesa reconoce al miembro de la unión de hecho diversos derechos sociales, laborales, fiscales y habitacionales. Sin embargo, no lo incluye entre los herederos legales ni entre los herederos forzosos. A diferencia del cónyuge viudo, el miembro de la unión de hecho no recibe automáticamente una cuota de la herencia por el mero hecho de haber mantenido una relación de convivencia con el causante.
Por consiguiente, si el fallecido no hubiera otorgado testamento, la herencia se deferirá a las personas llamadas a suceder conforme al Código Civil portugués, sin que el miembro de la unión de hecho forme parte, por esa sola condición, de ninguna clase de sucesores.
La sucesión testamentaria como principal instrumento de protección en Portugal
Al no ser heredero legal, el miembro de la unión de hecho solo podrá recibir bienes de la herencia mediante testamento, sin perjuicio de los derechos específicos que la ley le reconoce en materia de alimentos, vivienda, prestaciones sociales e indemnizaciones.
El testador podrá:
- instituir al miembro de la unión de hecho como heredero;
- atribuirle un legado de dinero o de un bien determinado;
- dejarle el usufructo de un inmueble;
- atribuirle un derecho de uso o de habitación;
- designarlo beneficiario de la porción de libre disposición de la herencia.
La libertad de testar encuentra, sin embargo, un límite esencial en la legítima de los herederos forzosos. Cuando existan descendientes o ascendientes, el testador solo podrá disponer libremente de la parte de la herencia que no esté legalmente reservada a dichos herederos.
Por ejemplo, si el fallecido deja hijos, no podrá, como regla general, atribuir al miembro de la unión de hecho la totalidad de su patrimonio. La disposición testamentaria que exceda de la porción de libre disposición podrá reducirse por inoficiosidad a instancia de los herederos forzosos.
Por consiguiente, una adecuada planificación sucesoria no debe limitarse al otorgamiento de un testamento. Debe tener en cuenta:
- la composición previsible de la herencia;
- la existencia de herederos forzosos;
- el carácter privativo o común de los bienes;
- las donaciones realizadas en vida;
- la protección de la vivienda familiar;
- la existencia de bienes o residencias en distintos países;
- la ley que resultará aplicable a la sucesión.
El derecho del miembro de la unión de hecho a reclamar alimentos de la herencia
El hecho de que el miembro de la unión de hecho no sea heredero legal no significa que quede totalmente desprotegido. De conformidad con el artículo 2020.1 del Código Civil portugués, el miembro superviviente que, en el momento del fallecimiento, conviviera con el causante durante más de dos años en condiciones análogas a las de los cónyuges podrá reclamar alimentos de la herencia.
Se trata de un derecho de naturaleza asistencial, y no de un derecho hereditario. Por esta vía, el beneficiario no adquiere la condición de heredero ni una cuota sobre los bienes que integran la herencia.
La pensión alimenticia no tiene como finalidad garantizar al miembro superviviente el mismo nivel de vida del que disfrutaba durante la relación. El artículo 2003 del Código Civil portugués limita los alimentos a lo indispensable para el sustento, la vivienda y el vestido, incluyendo asimismo, cuando proceda, la instrucción y educación.
La situación de necesidad no se presume, por lo que deberá ser alegada y probada.
¿Contra quién debe interponerse la acción?
La pretensión debe ejercitarse contra la herencia del fallecido, representada conforme a las normas procesales aplicables, y no directamente contra los herederos como si estos fueran los deudores personales originarios.
Plazo para ejercer el derecho
El derecho a reclamar alimentos de la herencia caduca si no se ejerce durante los dos años siguientes a la fecha del fallecimiento del causante, de conformidad con el artículo 2020 del Código Civil portugués.
Por tanto, el miembro superviviente no debería esperar a que finalice la partición o a que se deterioren las relaciones con los herederos. La necesidad de alimentos y la situación patrimonial de la herencia deberán evaluarse inmediatamente después del fallecimiento.
La protección de la vivienda familiar
La ausencia de un estatuto sucesorio no excluye la protección habitacional prevista en la Ley portuguesa n.º 7/2001.
Cuando la vivienda familiar perteneciera al fallecido, el miembro superviviente de la unión de hecho podrá beneficiarse de un derecho real de habitación sobre el inmueble y de un derecho de uso sobre su ajuar durante un periodo de cinco años. Si la unión hubiera durado más de cinco años, el derecho podrá mantenerse durante un periodo equivalente a la duración de la unión, sin perjuicio de las reglas y excepciones legalmente previstas.
En determinadas circunstancias, el tribunal podrá prorrogar dicho periodo, teniendo en cuenta, entre otros factores:
- la duración de la unión;
- la especial necesidad del miembro superviviente;
- su edad;
- su situación económica;
- la disponibilidad de otra vivienda;
- los intereses de los herederos.
Una vez finalizado el periodo legal de habitación, el miembro superviviente podrá, en determinadas condiciones, permanecer en el inmueble como arrendatario y beneficiarse de un derecho de adquisición preferente en caso de transmisión.
Este derecho no debe confundirse con la adquisición de la propiedad del inmueble ni con la condición de heredero.
¿La ruptura de la pareja de hecho determina la caducidad del testamento?
Esta es una de las cuestiones más delicadas de la práctica sucesoria.
Imaginemos que, durante la convivencia, una persona instituye a su pareja como heredera o legataria. Posteriormente, la relación termina, pero el testador no revoca ni modifica el testamento. Años después, fallece.
¿Caduca automáticamente la disposición testamentaria por el mero hecho de que la pareja de hecho ya no exista?
La respuesta del Derecho portugués es que no existe una caducidad automática.
El artículo 2317.1.d) del Código Civil portugués contempla la caducidad de las disposiciones testamentarias realizadas a favor del cónyuge cuando, en el momento de la apertura de la sucesión, el matrimonio ya hubiera sido disuelto por divorcio, se hubiera declarado la separación judicial de personas y bienes o se hubiera declarado la nulidad o anulación del matrimonio, en los términos previstos en dicha disposición.
Esta norma se refiere expresamente a los cónyuges, y no a los miembros de una unión de hecho.
Por este motivo, la finalización de la unión de hecho no determina, por sí sola, la caducidad de la institución de heredero o del nombramiento como legatario que se hubiera realizado anteriormente a favor de la antigua pareja.
Por consiguiente, si el testador no revoca ni modifica el testamento, la disposición continuará siendo, en principio, eficaz, aunque:
- haya cesado la convivencia;
- ya no exista una relación afectiva;
- las antiguas parejas vivan separadas;
- el testador haya iniciado una nueva relación;
- se haya producido la división de los bienes que anteriormente pertenecían a ambos.
La ausencia de revocación resulta especialmente relevante porque el testamento es, por naturaleza, un acto revocable. Mientras conserve capacidad testamentaria, el testador podrá revocar, sustituir o modificar las disposiciones anteriormente otorgadas. Si no lo hace, el ordenamiento jurídico tiende a preservar la última voluntad formalmente expresada.
¿Pueden los herederos impugnar la disposición testamentaria?
Los herederos legales, los herederos forzosos u otros interesados directamente perjudicados podrán acudir a los tribunales para impugnar la eficacia o la validez de la disposición testamentaria. Sin embargo, la posibilidad de entablar una acción no significa que la finalización de la unión de hecho constituya, por sí sola, un fundamento suficiente para obtener la caducidad o la anulación del testamento.
Por tanto, no resulta jurídicamente seguro afirmar, con carácter general, que la ruptura de la unión de hecho provoque la “caducidad de la causa” o de la “base negocial” del testamento. Esta construcción podrá invocarse ante los tribunales, pero su procedencia dependerá de la existencia de elementos adicionales que permitan demostrar que la disposición quedó expresamente condicionada al mantenimiento de la relación o que la voluntad testamentaria se encontraba afectada por otro fundamento jurídicamente relevante.
Cuando se encuentre afectada la legítima del cónyuge, de los descendientes o de los ascendientes, la consecuencia jurídica podrá no ser la anulación del testamento, sino la reducción de las disposiciones testamentarias inoficiosas, en la medida necesaria para reintegrar la legítima, de conformidad con los artículos 2156 y siguientes y 2168 y siguientes del Código Civil portugués.
¿Qué declaraciones incluidas en un testamento subsisten aunque este sea posteriormente revocado?
El testamento es, por definición, un acto unilateral y libremente revocable. Mientras conserve capacidad testamentaria, el testador podrá revocar, total o parcialmente, las disposiciones de última voluntad otorgadas anteriormente, modificando la institución de herederos, los legados u otras cargas sucesorias.
Sin embargo, no todas las declaraciones incorporadas a un testamento tienen verdadera naturaleza testamentaria. El documento puede contener actos relativos a otros ámbitos jurídicos cuya validez y eficacia no dependen de la subsistencia de las disposiciones sucesorias.
El ejemplo más relevante es el reconocimiento de la filiación.
El reconocimiento de la filiación realizado en testamento es irrevocable.
Por consiguiente, aunque el testador:
- revoque íntegramente el testamento;
- otorgue un nuevo testamento incompatible con el anterior;
- destruya o mande destruir el documento testamentario;
- elimine todas las disposiciones patrimoniales contenidas en el testamento;
el reconocimiento de la filiación anteriormente declarado seguirá siendo válido y eficaz.
2. España: no existe un único régimen sucesorio para las parejas de hecho
En España no existe un régimen civil uniforme para las parejas de hecho en el ámbito nacional. El reconocimiento y los efectos de las parejas de hecho dependen, en gran medida, de la legislación de la comunidad autónoma correspondiente.
Las diferencias pueden referirse a:
- la duración mínima de la convivencia;
- la existencia de hijos comunes;
- la inscripción en un registro administrativo;
- el otorgamiento de escritura pública;
- el carácter constitutivo o meramente declarativo de la inscripción;
- los derechos patrimoniales tras la ruptura;
- los derechos sucesorios;
- la protección de la vivienda;
- la equiparación o no al cónyuge viudo.
Por este motivo, no resulta jurídicamente riguroso afirmar, en abstracto, que “en España el miembro de la pareja de hecho hereda” o que “no hereda”. La respuesta depende de la ley civil territorial aplicable a la sucesión.
El régimen de Cataluña
En Cataluña, el conviviente superviviente en pareja estable goza de una protección sucesoria similar a la reconocida al cónyuge.
En la sucesión intestada, cuando concurra con hijos u otros descendientes del fallecido, tendrá derecho, como regla general, al usufructo universal de la herencia, sin obligación de prestar caución, y podrá ejercer la opción de conmutación legalmente prevista.
Si el fallecido no deja hijos ni otros descendientes, la herencia se defiere al cónyuge viudo o al conviviente superviviente en pareja estable, sin perjuicio del derecho de los progenitores a la legítima. El Derecho catalán atribuye, por tanto, a las parejas estables derechos sucesorios equivalentes a los de las relaciones matrimoniales.
La legislación catalana también contiene una solución específica para las disposiciones testamentarias otorgadas a favor del cónyuge o conviviente cuando, después del otorgamiento del testamento, se produce una crisis matrimonial o el cese de la convivencia. Esta regulación contrasta con la solución portuguesa, que no extiende automáticamente a la antigua pareja de hecho la causa de ineficacia prevista para los antiguos cónyuges.
Incluso en un sistema protector como el catalán, será indispensable demostrar que la relación cumplía los requisitos legales y que subsistía en la fecha del fallecimiento cuando dicho hecho sea necesario para el reconocimiento de los derechos del superviviente.
El régimen de Galicia
En Galicia, la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia equipara al matrimonio, a los efectos previstos en dicha legislación, determinadas relaciones maritales estables.
Para que se produzca dicha equiparación, la ley exige, entre otros requisitos:
- mayoría de edad y capacidad;
- convivencia con intención o vocación de permanencia;
- relación de afectividad análoga a la conyugal;
- inscripción en el Rexistro de Parellas de Feito de Galicia;
- manifestación de la voluntad de equiparar los efectos de la unión a los efectos del matrimonio.
Una vez cumplidos estos requisitos, los derechos reconocidos a los cónyuges por la legislación civil gallega serán, en principio, extensibles a los miembros de la pareja de hecho. Ello puede atribuir al superviviente una posición sucesoria equivalente a la del cónyuge viudo, incluidos determinados derechos legitimarios de usufructo.
La inscripción registral adquiere aquí una importancia sustancial. Una convivencia de hecho no formalizada puede no ser suficiente para producir los mismos efectos sucesorios.
Además de la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la Xunta de Galicia, resulta necesario que se manifieste la voluntad correspondiente, en particular mediante un pacto destinado a equiparar los efectos patrimoniales mortis causa de la unión a los efectos del matrimonio. Si no se hubiera inscrito una manifestación de voluntad en materia sucesoria, el notario podría no otorgar la correspondiente declaración de herederos por ausencia de una manifestación expresa del fallecido.
Territorios españoles sin equiparación sucesoria
En otras comunidades autónomas y territorios, como Madrid, Andalucía, el Principado de Asturias, Canarias, Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Murcia, la Comunidad Valenciana y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la legislación sobre parejas de hecho no atribuye al superviviente derechos sucesorios equivalentes a los del cónyuge.
En estos casos, la protección sucesoria dependerá, como regla general, de la existencia de un testamento, dentro de los límites impuestos por la legítima de los descendientes, ascendientes u otros herederos especialmente protegidos por la ley aplicable.
La inexistencia de derechos en la sucesión legal no implica necesariamente una ausencia total de protección. Podrán existir:
- derechos sobre la vivienda común;
- subrogación en el contrato de arrendamiento;
- prestaciones por fallecimiento;
- pensión de viudedad;
- compensaciones patrimoniales;
- derechos derivados de pactos celebrados entre los convivientes.
Estos derechos no deben confundirse con la condición de heredero.
3. Sucesiones entre Portugal y España: ¿cuál es la ley aplicable?
En las sucesiones abiertas a partir del 17 de agosto de 2015, el Reglamento (UE) n.º 650/2012 establece, como regla general, la aplicación de la ley del Estado en el que el fallecido tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento.
No obstante, el causante podrá elegir la ley del Estado de su nacionalidad para regir la totalidad de su sucesión mediante una disposición mortis causa.
La ley aplicable a la sucesión determinará, entre otras materias:
- los beneficiarios de la sucesión;
- el orden de los llamados a suceder;
- las cuotas hereditarias;
- los derechos del cónyuge o del conviviente superviviente;
- la legítima;
- la reducción de las disposiciones inoficiosas;
- la responsabilidad por las deudas hereditarias;
- la partición de la herencia.
En el caso de España, el análisis es más exigente porque se trata de un ordenamiento plurilegislativo. El artículo 36 del Reglamento remite, en primer lugar, a las normas españolas internas sobre conflictos territoriales. Solo después de identificar la unidad territorial correspondiente podrá determinarse si resultan aplicables, por ejemplo, las normas sucesorias catalanas, gallegas o las contenidas en el Código Civil común.
Por tanto, la nacionalidad portuguesa del fallecido no significa necesariamente que la sucesión quede regulada por el Derecho portugués. Un ciudadano portugués con residencia habitual en Cataluña podrá quedar sujeto al Derecho sucesorio catalán cuando no haya realizado una elección válida de la ley portuguesa y concurran los demás criterios de conexión exigidos.
4. Un método seguro de análisis
Ante el fallecimiento de una persona que vivía en pareja de hecho y que mantenía vínculos con Portugal y España, deberán seguirse, al menos, los siguientes pasos:
- identificar la residencia habitual del fallecido en el momento de la muerte;
- comprobar la nacionalidad o nacionalidades del fallecido;
- analizar el testamento y verificar si contiene una elección de ley conforme al artículo 22 del Reglamento (UE) n.º 650/2012;
- determinar la ley aplicable a la totalidad de la sucesión;
- si resulta aplicable la ley española, identificar la unidad territorial y la legislación civil pertinente;
- acreditar la existencia, duración y subsistencia de la pareja de hecho;
- comprobar si la inscripción registral tenía carácter constitutivo;
- determinar si existen herederos forzosos;
- analizar los derechos de habitación, alimentos y prestaciones sociales separadamente de los derechos hereditarios;
- verificar la eficacia de las disposiciones testamentarias y la posible existencia de causas de caducidad, revocación, nulidad o reducción.
Conclusión
La protección sucesoria de los miembros de una pareja de hecho es profundamente distinta en Portugal y en los diferentes territorios de España.
En Portugal, el miembro de la unión de hecho no es heredero legal ni heredero forzoso. Puede beneficiarse de una disposición testamentaria, reclamar alimentos de la herencia si acredita los requisitos correspondientes y ejercer derechos específicos sobre la vivienda familiar. Sin embargo, la extinción de la unión de hecho no determina automáticamente la caducidad del testamento anteriormente otorgado a su favor.
En España, la respuesta depende de la comunidad autónoma y de la ley civil territorial aplicable. En Cataluña y Galicia, cuando se cumplan las condiciones legales, el miembro superviviente podrá beneficiarse de una posición sucesoria similar o equivalente a la del cónyuge. En otros territorios, su protección podrá depender exclusivamente de una disposición testamentaria.
Para las parejas no casadas, especialmente cuando existan nacionalidades, residencias o bienes en diferentes países, la planificación sucesoria deberá realizarse con antelación y revisarse siempre que se produzca un cambio relevante en la vida familiar. La ausencia de matrimonio no equivale a la ausencia de efectos jurídicos, pero tampoco garantiza, por sí sola, una protección sucesoria.
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