Casarse en Portugal siendo extranjero: ¿qué documentos son necesarios y por qué es esencial preparar las capitulaciones matrimoniales?

¿Pueden los ciudadanos extranjeros contraer matrimonio en Portugal?

Sí.

Como regla general, la celebración de un matrimonio civil en Portugal no está reservada a los ciudadanos portugueses ni a los extranjeros residentes en el país. Dos ciudadanos extranjeros, o un ciudadano portugués y un ciudadano extranjero, pueden iniciar el expediente matrimonial ante un Registro Civil portugués.

El expediente se inicia mediante una declaración para contraer matrimonio, en la que los contrayentes deberán indicar, en particular:

  1. la modalidad del matrimonio;
  2. el lugar en el que desean contraerlo;
  3. el régimen económico matrimonial que desean adoptar;
  4. la existencia de capitulaciones matrimoniales;
  5. sus respectivos datos de identificación;
  6. sus nacionalidades, residencias y estados civiles.

El expediente puede ser iniciado por los propios contrayentes o por un representante con poderes especiales. Una vez dictada la resolución que autoriza el matrimonio, los contrayentes disponen, como regla general, de seis meses para celebrarlo.

¿Qué documentos se exigen normalmente a los contrayentes extranjeros?

La documentación concreta dependerá de la nacionalidad, el estado civil, el país de expedición de los documentos y las circunstancias personales de cada contrayente.

Con carácter general, puede ser necesario presentar:

      1. Pasaporte o documento de identidad válido
        El documento deberá permitir comprobar la identidad, la nacionalidad y la fecha y el lugar de nacimiento del contrayente.
      2. Certificado de nacimiento
        Deberá ser expedido por la autoridad competente del país de nacimiento o del país en el que conste practicada la correspondiente inscripción en el Registro Civil. El Registro Civil portugués podrá exigir un certificado íntegro, narrativo, plurilingüe o expedido dentro de un determinado plazo.
      3. Certificado de capacidad matrimonial o certificado de inexistencia de impedimentos
        Este documento tiene por objeto acreditar que, de conformidad con la ley personal del contrayente, no existen impedimentos para la celebración del matrimonio. Su denominación varía según el país: certificado de capacidad matrimonial, certificado de estado civil, certificado de soltería o certificado de inexistencia de impedimentos matrimoniales.
      4. Documento acreditativo del estado civil actual
        Cuando esta información no resulte suficientemente acreditada mediante el certificado de nacimiento o el certificado de capacidad matrimonial, podrá solicitarse documentación complementaria.
      5. Certificado del matrimonio anterior y prueba de su disolución
        Si alguno de los contrayentes estuvo anteriormente casado, podrá ser necesario presentar el certificado del matrimonio anterior con la correspondiente inscripción del divorcio, la resolución de divorcio, el certificado previsto en la legislación europea aplicable o el certificado de defunción del anterior cónyuge.
      6. Resolución extranjera de divorcio, separación o nulidad matrimonial
        Deberá analizarse si la resolución es reconocida automáticamente en Portugal en virtud de un reglamento europeo o si requiere un procedimiento de reconocimiento ante un tribunal portugués.
      7. Poder con facultades especiales
        Será necesario cuando el expediente se inicie o tramite mediante representante, o cuando uno de los contrayentes pretenda estar representado en actos para los que la ley admita la representación.
      8. Documentación relativa a las capitulaciones matrimoniales
        Cuando los contrayentes pretendan adoptar un régimen distinto del régimen legal supletorio o elegir expresamente la ley aplicable a su régimen económico matrimonial, las capitulaciones deberán prepararse y formalizarse antes de la celebración del matrimonio.

La lista deberá confirmarse previamente con el Registro Civil encargado de tramitar el expediente. El registrador podrá solicitar documentos o aclaraciones adicionales cuando existan dudas sobre la identidad, el estado civil, la capacidad matrimonial, la ley extranjera aplicable o la inexistencia de impedimentos.

¿Los documentos extranjeros necesitan apostilla y traducción?

Depende del país de expedición y de la naturaleza del documento.

Los documentos procedentes de Estados que no pertenezcan a la Unión Europea pueden necesitar:

  1. la Apostilla de La Haya;
  2. legalización consular;
  3. certificación mediante otra formalidad prevista en un convenio internacional;
  4. traducción certificada al portugués.

Dentro del espacio europeo, determinados documentos públicos relativos al nacimiento, matrimonio, estado civil, capacidad matrimonial, divorcio, residencia o nacionalidad pueden estar dispensados de legalización y, cuando estén acompañados del correspondiente formulario multilingüe, también de traducción.

En Portugal, los documentos redactados en una lengua extranjera deben ir acompañados, como regla general, de una traducción. Sin embargo, la traducción puede dispensarse cuando el documento esté redactado en inglés, francés o español y el funcionario competente conozca dicha lengua.

Por este motivo, es aconsejable confirmar previamente con el Registro Civil:

  1. si acepta el documento en el formato presentado;
  2. si exige una traducción certificada;
  3. si considera suficiente el formulario multilingüe;
  4. si el certificado debe haber sido expedido recientemente;
  5. si es necesaria una apostilla u otra forma de autenticación.

¿Es siempre obligatorio el certificado de capacidad matrimonial?

No necesariamente.

Su exigencia dependerá de la nacionalidad del contrayente, de la documentación presentada, del contenido de su ley personal y de la valoración realizada por el registrador.

En algunos países, el certificado es expedido por el consulado competente; en otros, por el Registro Civil, un municipio, un tribunal o una autoridad administrativa. Existen también ordenamientos jurídicos que no expiden un documento con esta denominación, por lo que puede resultar necesario presentar documentos equivalentes u obtener una declaración oficial sobre la imposibilidad de su expedición.

Aunque el certificado de capacidad matrimonial no sea obligatorio en todos los expedientes, el registrador podrá solicitar elementos adicionales para confirmar que el contrayente extranjero tiene capacidad para contraer matrimonio y que no existe ningún impedimento matrimonial.

Por este motivo, la documentación no debe prepararse únicamente sobre la base de una lista genérica. Deberá analizarse teniendo en cuenta la ley personal y el estado civil de cada contrayente.

¿Qué régimen económico matrimonial se aplica al matrimonio?

El régimen económico matrimonial determina, entre otras cuestiones:

  1. qué bienes son privativos de cada cónyuge;
  2. qué bienes integran el patrimonio común;
  3. la responsabilidad por las deudas;
  4. las facultades de administración y disposición;
  5. el tratamiento de los ingresos;
  6. las consecuencias de la adquisición de bienes inmuebles;
  7. la liquidación patrimonial en caso de divorcio;
  8. la posición de cada cónyuge frente a terceros y acreedores.

Cuando la situación es exclusivamente portuguesa, los contrayentes pueden adoptar, dentro de los límites legales:

  1. el régimen de comunidad de bienes adquiridos;
  2. el régimen de comunidad universal de bienes;
  3. el régimen de separación de bienes;
  4. un régimen convencional especialmente adaptado a su situación.

En Portugal, cuando no existan capitulaciones matrimoniales y no resulte aplicable un régimen imperativo, el régimen legal supletorio es el de comunidad de bienes adquiridos. El régimen elegido deberá formalizarse mediante capitulaciones matrimoniales otorgadas ante un Registro Civil portugués o mediante escritura pública ante notario.

Sin embargo, en un matrimonio internacional no basta con determinar cuál es el régimen supletorio portugués. Es necesario establecer previamente qué ley resulta aplicable al régimen económico matrimonial.

¿Cuál es la diferencia entre elegir un régimen económico matrimonial y elegir la ley aplicable?

Son decisiones relacionadas, pero jurídicamente distintas.

La elección de la ley aplicable determina qué ordenamiento jurídico regulará las relaciones patrimoniales de los cónyuges.

La elección del régimen económico matrimonial identifica, dentro de ese ordenamiento jurídico, el régimen patrimonial concreto que los futuros cónyuges desean adoptar.

Por ejemplo, un ciudadano español y una ciudadana portuguesa que tengan intención de residir en Portugal pueden elegir la ley portuguesa como ley aplicable a su régimen económico matrimonial y adoptar, de conformidad con la ley portuguesa, el régimen de separación de bienes.

No es aconsejable limitar las capitulaciones a una fórmula como:

“Los contrayentes adoptan el régimen de separación de bienes.”

En un matrimonio internacional, la redacción también debería aclarar:

“Los contrayentes eligen la ley portuguesa como ley aplicable a la totalidad de su régimen económico matrimonial y adoptan, de conformidad con dicha ley, el régimen de separación de bienes.”

De este modo, se reduce el riesgo de que, en el futuro, se discuta si la referencia al régimen portugués constituía una verdadera elección de la ley portuguesa o simplemente la utilización de una denominación conocida por los contrayentes.

¿Qué ley pueden elegir los contrayentes para regular el régimen económico matrimonial?

El Reglamento (UE) 2016/1103, relativo a los regímenes económicos matrimoniales, permite a los cónyuges o futuros cónyuges elegir:

  1. la ley del Estado de la residencia habitual de cualquiera de ellos en el momento de la celebración del acuerdo; o
  2. la ley del Estado de la nacionalidad de cualquiera de ellos en ese momento.

Por tanto, si uno de los contrayentes es portugués y el otro español, podrán elegir, en principio:

  1. la ley portuguesa;
  2. la ley española;
  3. la ley de otro Estado en el que alguno de ellos tenga su residencia habitual en el momento de efectuar la elección.

La elección es especialmente importante porque la ley determinada conforme al Reglamento se aplica, en principio, a la totalidad del régimen económico matrimonial y a todos los bienes comprendidos en él, independientemente del país en el que se encuentren.

Esto significa que la localización de un inmueble en Portugal, España, Francia u otro Estado no determina necesariamente la aplicación de la ley de ese país a la titularidad económica del bien y a las relaciones patrimoniales entre los cónyuges. No obstante, seguirán siendo relevantes las normas locales relativas a los derechos reales, la transmisión de bienes inmuebles, la fiscalidad y el registro.

¿Qué sucede si los contrayentes no eligen la ley aplicable?

A falta de elección, el Reglamento (UE) 2016/1103 establece una serie de criterios sucesivos para determinar la ley aplicable.

Con carácter general, se aplicará, en primer lugar, la ley del Estado de la primera residencia habitual común de los cónyuges después de la celebración del matrimonio. Cuando esta no pueda determinarse, podrá resultar aplicable la ley de la nacionalidad común de los cónyuges en el momento de contraer matrimonio y, subsidiariamente, la ley del Estado con el que ambos cónyuges tengan conjuntamente una conexión más estrecha.

Esta regla puede producir resultados inesperados.

Pensemos en una pareja formada por un ciudadano portugués y una ciudadana española que contraen matrimonio en Portugal, pero establecen su primera residencia habitual común en Francia. A falta de elección, la ley aplicable a su régimen económico matrimonial podría no ser la portuguesa ni la española, sino la francesa.

Tampoco es suficiente atender al lugar donde se celebró el matrimonio. Contraer matrimonio en Portugal no significa quedar automáticamente sujeto a la ley portuguesa en lo que respecta al régimen económico matrimonial.

Precisamente para evitar esta incertidumbre, es recomendable realizar una elección expresa antes de la celebración del matrimonio.

¿Es posible elegir la “ley aplicable al matrimonio”?

No de forma genérica.

Esta expresión debe evitarse porque el matrimonio comprende diferentes materias sujetas a normas distintas:

  1. la capacidad matrimonial de cada contrayente;
  2. los impedimentos matrimoniales;
  3. la forma de celebración;
  4. la existencia y validez del matrimonio;
  5. los efectos personales entre los cónyuges;
  6. el régimen patrimonial;
  7. las obligaciones de alimentos;
  8. el divorcio;
  9. la responsabilidad parental;
  10. la sucesión por causa de muerte.

El Reglamento (UE) 2016/1103 se aplica al régimen económico matrimonial, pero excluye, entre otras materias, la capacidad jurídica de los cónyuges, la existencia, validez o reconocimiento del matrimonio, las obligaciones de alimentos y las sucesiones.

Por ello, las capitulaciones matrimoniales no deberían limitarse a declarar:

“Se elige la ley portuguesa para regular el matrimonio.”

Una cláusula tan amplia puede resultar ambigua o ineficaz respecto de materias que no admiten elección o que están reguladas por instrumentos jurídicos diferentes.

Lo más correcto es diferenciar, al menos:

  1. la ley aplicable al régimen económico matrimonial;
  2. el régimen económico matrimonial adoptado;
  3. la eventual ley aplicable a la separación judicial y al divorcio.

¿Pueden los contrayentes elegir anticipadamente la ley aplicable al divorcio?

Sí, siempre que exista una conexión admitida por el reglamento europeo.

El Reglamento (UE) n.º 1259/2010, conocido como Reglamento Roma III, permite a los cónyuges elegir, mediante acuerdo, la ley aplicable a una eventual separación judicial o divorcio.

La elección puede recaer, entre otras, sobre:

  1. la ley del Estado de la residencia habitual de los cónyuges en el momento de la celebración del acuerdo;
  2. la ley del Estado de la última residencia habitual común, siempre que uno de ellos continúe residiendo allí en el momento de celebrarse el acuerdo;
  3. la ley del Estado de la nacionalidad de cualquiera de los cónyuges;
  4. la ley del foro, es decir, la ley del Estado ante cuyas autoridades se presente el procedimiento, siempre que se cumplan los requisitos aplicables.

El Reglamento Roma III no regula el régimen económico matrimonial, la responsabilidad parental, las obligaciones de alimentos, los nombres de los cónyuges ni las sucesiones. La elección se limita fundamentalmente a la ley aplicable a la separación judicial y al divorcio.

¿Debe incluirse también en las capitulaciones matrimoniales la elección de la ley aplicable al divorcio?

Puede incluirse y, en muchos matrimonios internacionales, resulta recomendable hacerlo.

Aunque la elección de la ley aplicable al divorcio puede efectuarse mediante un acuerdo independiente, las capitulaciones matrimoniales constituyen un momento especialmente adecuado para que los futuros cónyuges analicen conjuntamente:

  1. la ley aplicable a sus relaciones patrimoniales;
  2. el régimen económico matrimonial;
  3. la ley aplicable a una eventual separación o divorcio;
  4. las consecuencias de trasladar la residencia a otro país;
  5. la existencia de bienes o empresas en distintas jurisdicciones;
  6. la protección de los hijos de relaciones anteriores;
  7. la necesidad de coordinación con testamentos u otros instrumentos sucesorios.

Esta coordinación no significa que todas las materias estén sujetas al mismo reglamento. Al contrario, las capitulaciones deberán contener cláusulas autónomas, adaptadas a los requisitos materiales y formales de cada elección.

Una cláusula podrá establecer la ley aplicable al régimen económico matrimonial al amparo del Reglamento (UE) 2016/1103. Otra cláusula distinta podrá establecer la ley aplicable a una eventual separación judicial o divorcio de conformidad con el Reglamento Roma III.

¿Por qué son especialmente importantes las capitulaciones matrimoniales en un matrimonio internacional?

Las capitulaciones matrimoniales permiten transformar una situación potencialmente incierta en un marco jurídico previsible.

Entre otras cuestiones, pueden servir para:

  1. identificar expresamente la ley aplicable al régimen económico matrimonial;
  2. adoptar el régimen económico matrimonial deseado;
  3. describir los bienes pertenecientes a cada contrayente antes del matrimonio;
  4. establecer reglas sobre la titularidad de los bienes futuros;
  5. regular la contribución de cada cónyuge a los gastos familiares;
  6. definir reglas para la gestión de cuentas bancarias, inmuebles, empresas e inversiones;
  7. proteger el patrimonio empresarial o profesional;
  8. aclarar el tratamiento de las deudas anteriores al matrimonio;
  9. coordinar el régimen económico matrimonial con la sucesión y los testamentos;
  10. elegir la ley aplicable a una eventual separación o divorcio;
  11. reducir el riesgo de futuros litigios sobre la ley aplicable.

En los matrimonios internacionales, la ausencia de capitulaciones puede obligar, años después, a reconstruir:

  1. dónde establecieron los cónyuges su primera residencia habitual común;
  2. cuánto tiempo permanecieron en ese país;
  3. cuál era la intención de la pareja;
  4. si tenían una nacionalidad común;
  5. con qué Estado presentaban una conexión más estrecha;
  6. si existió alguna elección tácita o un acuerdo posterior;
  7. qué ley se aplica a los bienes adquiridos en distintos momentos.

Esta reconstrucción puede ser especialmente compleja cuando la pareja ha vivido sucesivamente en varios países o cuando los cónyuges ofrecen versiones diferentes sobre su trayectoria.

¿Pueden las capitulaciones matrimoniales regular todas las materias?

No.

Las capitulaciones matrimoniales deben respetar:

  1. las normas imperativas de la ley aplicable;
  2. los derechos de terceros y acreedores;
  3. los requisitos formales exigidos por la legislación portuguesa y europea;
  4. el orden público;
  5. la protección de los cónyuges que se encuentren en situación de vulnerabilidad;
  6. las normas específicas relativas a alimentos, responsabilidad parental y sucesiones.

No es prudente pretender fijar anticipadamente y de manera definitiva la residencia de los futuros hijos, el ejercicio de la responsabilidad parental o el importe de los alimentos debidos a hijos que todavía no han nacido. Estas cuestiones deberán valorarse teniendo en cuenta las circunstancias existentes en el momento de la decisión y, sobre todo, el interés superior del menor.

Tampoco debe presumirse que una cláusula sobre la ley aplicable al régimen económico matrimonial determina automáticamente:

  1. el tribunal competente para conocer del divorcio;
  2. la ley aplicable a las obligaciones de alimentos;
  3. la sucesión por causa de muerte;
  4. la situación fiscal de la pareja;
  5. la titularidad registral de cada inmueble;
  6. el reconocimiento del acuerdo en todos los países.

¿Deben las capitulaciones incluir una relación de los bienes de los contrayentes?

Es recomendable, especialmente cuando:

  1. alguno de los contrayentes ya es propietario de bienes inmuebles;
  2. existen participaciones en sociedades;
  3. uno de los contrayentes desarrolla una actividad empresarial;
  4. existen patrimonios de valor muy diferente;
  5. hay hijos de relaciones anteriores;
  6. se han realizado inversiones en distintos países;
  7. algún bien ha sido adquirido con financiación familiar;
  8. se pretende distinguir claramente entre el patrimonio anterior y posterior al matrimonio.

La relación patrimonial puede identificar:

  1. bienes inmuebles;
  2. cuentas bancarias;
  3. inversiones financieras;
  4. participaciones sociales;
  5. empresas;
  6. vehículos;
  7. derechos de propiedad intelectual;
  8. derechos de crédito;
  9. planes de pensiones;
  10. deudas y garantías;
  11. bienes recibidos por herencia o donación.

Además de aclarar la situación patrimonial inicial, esta relación reduce el riesgo de que, en un futuro divorcio o sucesión, se discuta si un determinado bien ya pertenecía a uno de los cónyuges antes del matrimonio.

¿Es posible modificar posteriormente la ley aplicable o el régimen económico matrimonial?

En determinadas condiciones, sí.

El Reglamento (UE) 2016/1103 permite que los cónyuges elijan o modifiquen posteriormente la ley aplicable a su régimen económico matrimonial. Sin embargo, la modificación requiere un nuevo análisis jurídico y el cumplimiento de los requisitos formales aplicables.

Como regla general, la modificación produce efectos hacia el futuro. La atribución de efectos retroactivos deberá acordarse expresamente y no podrá perjudicar los derechos de terceros.

La modificación del propio régimen económico matrimonial también podrá depender de la ley aplicable y requerir formalidades adicionales. Por tanto, la posibilidad prevista por el Derecho europeo de elegir una nueva ley no significa que el régimen patrimonial pueda modificarse informalmente o mediante una simple declaración privada.

Conclusión

Los ciudadanos extranjeros pueden contraer matrimonio en Portugal, pero la preparación del matrimonio exige más que la presentación de pasaportes y certificados de nacimiento.

Es necesario confirmar la capacidad matrimonial de cada contrayente, comprobar si los documentos extranjeros requieren traducción, apostilla o legalización, analizar los efectos de anteriores matrimonios y divorcios e identificar anticipadamente los requisitos exigidos por el Registro Civil competente.

En los matrimonios internacionales, también es esencial que los futuros cónyuges comprendan que el régimen económico matrimonial, la ley aplicable a dicho régimen y la ley aplicable a un eventual divorcio son cuestiones diferentes.

El Reglamento (UE) 2016/1103 permite elegir la ley aplicable al régimen económico matrimonial dentro de las conexiones legalmente admitidas. Por su parte, el Reglamento Roma III permite elegir la ley aplicable a una eventual separación judicial o divorcio. Ninguno de estos instrumentos permite elegir indiscriminadamente una única “ley aplicable al matrimonio” para todas las materias.

Las capitulaciones matrimoniales constituyen el instrumento adecuado para organizar estas elecciones de manera coherente. Cuando se preparan correctamente, permiten definir el régimen patrimonial, identificar los bienes anteriores al matrimonio, proteger empresas e inversiones, anticipar situaciones de movilidad internacional y reducir significativamente el riesgo de futuros litigios.

En Belzuz Abogados, S.L.P. – Sucursal en Portugal, asesoramos a ciudadanos portugueses y extranjeros en la preparación de expedientes matrimoniales en Portugal, la obtención y el análisis de certificados de capacidad matrimonial, la elaboración de capitulaciones matrimoniales y acuerdos de elección de ley aplicable, así como en procedimientos de divorcio y planificación patrimonial y sucesoria internacional.

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